El Instituto Duartiano y su filial Barahona presentan formal denuncia de la
sustracción del busto del padre de la patria y fundador de la República, Juan
Pablo Duarte y Díez dado en el municipio de Polo.
En horas de la mañana de éste miércoles una comitiva del centro Duartiano,
encabezada por la Presidenta en Barahona Omayra Mañan Pérez, la relacionista
Santa María Peña y el abogado en representación de la bancada de juristas
Dannerys Arias Ramírez, fueron recibidos en el Ministerio Público por el
magistrado procurador fiscal de Barahona Wellington Matos, el cual informó que
dispondrá la acción correspondiente e instó poner la misma denuncia en
conocimiento al señor general de la Policía Nacional en la ciudad.
La Comisión se dirigió al palacio de la Policía en la ciudad de Barahona,
asistidos por el encargado de turno Héctor Marrero, quien recibió el ejemplar
de la denuncia y dijo que ya un joven ha sido interrogado y se encuentran en
estos momentos en la zona realizando las investigaciones de lugar, están en
toda la disposición de cooperar ante el hecho de atropello al prócer de la
patria del pueblo dominicano.
La denuncia está sustentada conforme el artículo 66.3 de la Constitución de
la República Dominicana donde el Estado Dominicano está llamado a proteger el
patrimonio cultural e histórico de los dominicanos.
La Ley 127-01 otorga autonomía al Instituto Duartiano, establece que este
organismo patriótico de carácter público ha de difundir la vida, obra y ejemplo
del patricio, Juan Pablo Duarte y Díez, y de preservar su buen nombre para la
edificación cívica y moral del pueblo dominicano.
La referida ley dice en su artículo 7, que su violación será sancionada con
la pena de prisión y multa o ambas penas a la vez, y en caso de reincidencia se
duplicará la pena.
Por su parte, el artículo 257 del código penal expresa que ¨El que
destruye, derribare, mutilare o deteriore los monumentos, estatuas y otros
objetos destinados a la utilidad o al ornato público, y levantados o
construidos por la autoridad pública, o con su consentimiento y autorización,
será castigado con prisión correccional de un mes a un año y multa.
