Por Dr. Carlos Julio Feliz Vidal.
Puedo
estar, o no, de acuerdo, con la manera en que desarrolla su gestión, el actual
presidente de la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana, en mi
doble condición de ciudadano y de abogado.
Con lo
que no estoy de acuerdo, es que se produzcan desafueros y se pierda la cordura,
cuando se ejerce el derecho a protestar o a disentir, que afecten,
innecesariamente, la simbología del Poder Judicial, cuyo máximo representante
lo es el presidente de la Suprema Corte de Justicia, independientemente de la
persona en quien recaiga tal investidura.
La
prudencia en el ejercicio de los Derechos, los límites que sirven de contrapeso
a las actuaciones y el entramado de normas nacionales y supranacionales, deben
orientar los debates, cuando se cuestiona la función de un órgano
constitucional.
El
presidente de la Suprema Corte de Justicia, es la cabeza de dos órganos
constitucionales, el Consejo del Poder Judicial y la propia Suprema Corte de
Justicia, y de dos órganos legales, el pleno de la Suprema Corte de Justicia y
las Cámaras Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, funciones que requieren
de ecuanimidad y que deben cumplirse acorde con los principios de legalidad,
probidad y transparencia.
Ante los
cuestionamientos públicos de que ha sido objeto el presidente de la SCJ, que
incluyen denuncias, querellas y protestas, cabe decir, que se hace necesario
evitar excesos injustificados, para la salvaguarda de la dignidad personal y la
continuidad institucional de los órganos cuya representación ostenta, al margen
del desenlace final de tales acciones.
