Texto completo de la ponencia
presentada por el presidente del PRSC, ingeniero Federico Antún Batlle en
el “Foro de la Sociedad Civil por la Justicia y la Seguridad” organizado por la
Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), Participación Ciudadana,
Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES), la Asociación de
Empresas Industriales de Herrera y Provincia Santo Domingo (AEIH), Centro Bonó,
entre otras organizaciones.
participantes, Señores organizadores:
Partido Reformista Social Cristiano, la invitación para participar en este
encuentro donde se propugna por mejorar el sistema de justicia y propiciar un
clima de paz y seguridad en la República Dominicana. La población percibe
una crisis en el Poder Judicial, y más aún, fallas en el sistema de justicia
vigente en nuestro país. Y nos preguntamos: ¿Qué genera
esta apreciación en nuestros ciudadanos?
no hay crisis y que sólo se trata de una simple percepción. Creo que
están equivocados; porque ciertamente nuestros conciudadanos no se sienten
protegidos producto de la falta de credibilidad que permea algunos estamentos
del Poder Judicial, pues en muchas ocasiones, con sus decisiones, se vincula a
prácticas no santas. Esta Realidad se refleja en todas las encuestas que
periódicamente se utilizan para medir la opinión que tienen algunos sectores
sobre nuestras instituciones públicas y privadas.
sistema de justicia dominicano está cruzado transversalmente por:
jurisdicciones del Poder Judicial.
organizado en las decisiones de los tribunales ordinarios.
y la violencia intrafamiliar, producto de la connivencia, el cohecho, la
impunidad y la complicidad de los actores del sistema judicial con los
violadores de la Ley.
económicas, sociales, laborales y falta de oportunidades, provocando que
importantes sectores de nuestra población vean como único mecanismo de ascenso
social, el crimen y la delincuencia. Esta situación se multiplica y
aumenta en la medida en que los infractores perciben que pueden cometer
crímenes y delitos y no seran sancionados de manera apropiada.
deficiencias en la prevención policial frente a la delincuencia común y la
violencia.
condena efectiva de funcionarios, militares y policías, por crímenes de
peculado, cohecho y todas las modalidades de corrupción administrativa.
gubernamental que fomente la creación de empleos para la juventud, que no posee
las facilidades para la capacitación y entrenamiento adecuado y así, de esta
manera, poder integrarse a los sectores productivos.
que parte de esa problemática tiene su origen en la reforma constitucional del
2010 mediante la cual fue creado el Consejo de la Magistratura, órgano cuya
conformación está influenciada por el poder político, a lo que se le adiciona
el hecho de que, independientemente de los aspectos positivos del Código
Procesal Penal, existe en la población la convicción generalizada de que sus
disposiciones incentivan la comisión de actos delictivos que laceran a la
sociedad, y, de manera especial a muchos hogares y familias que hoy
pasan por el triple dolor : de una pérdida física;
del deterioro de las facultades de un ser querido; la falta de sanción adecuada
de los victimarios, además de la impunidad que incentiva la reincidencia
de dichos infractores de la ley.
organización política considera que la forma de resolver, este y cada uno de
estos problemas que generan la crisis del Poder Judicial y el incremento de la
inseguridad ciudadana, tiene soluciones distintas. Entre las
principales que deben implementarse están:
Nacional de la Magistratura, modificando el artículo 178 de la Constitución
para excluir al Procurador General de la República, quien no debió formar parte
de este órgano, pues su participación se hace a través del Presidente de la
República.
la Constitución de la República para que los Jueces de la Suprema Corte de
Justicia sean todos jueces de carrera con más de doce (12) años de experiencia
como jueces.
Penal.
incrementa las penas y tipifica algunos delitos, así como modificar otras leyes
adjetivas, sin violentar la Constitución y los derechos fundamentales del
ciudadano.
Código de Procedimiento Civil, a fin de ser sometido a modificación, que
desincentive la comisión de delitos y fomente los programas de reeducación y
reinserción de jóvenes en conflicto con la ley.
preventiva; la duración del proceso penal; incrementar las sanciones penales;
liberar a la víctima de la obligación de asistir a todas las etapas del proceso
penal, y eliminar los tecnicismos procesales que permiten eximir de
responsabilidad penal a los imputados.
incentivos, seguridad social, equipos y tecnologías, a los miembros de la
Policía Nacional, para una mejor y efectiva participación en su labor de
defensor de la seguridad ciudadana; así como a los miembros de las Fuerzas
Armadas y otros órganos de seguridad del Estado. Al mismo tiempo,
capacitar y entrenar técnicamente a dichos miembros de manera tal que les
permita cumplir con su rol de enfrentar la delincuencia en sus distintas
vertientes.
instituciones gubernamentales paralelas con los mismos objetivos y el excesivo
nombramiento de personas sin funciones en instituciones encargadas
de perseguir y administrar la justicia.
básicamente para jóvenes y mujeres, evitando así que caigan en el
narcotráfico, la delincuencia o la prostitución.
valores éticos y cristianos que fomente la vida y que rechace la violencia en
cualquiera de sus formas ya sea intrafamiliar o contra la mujer.
incrementar los espacios de libre esparcimiento, crear escuelas de formación
técnico profesionales, clubes culturales y demás.
PRSC apoya firmemente la formación de una coalición de fuerzas sociales para
reclamar al Gobierno diseñar e implementar planes y acciones concretas que
recuperen la credibilidad del sistema de justicia, del Poder Judicial, del
Ministerio Público, de la Policía Nacional y los demás órganos que forman parte
de este sistema en la Republica Dominicana.
representación en el Congreso Nacional, nos comprometemos a apoyar las
iniciativas legislativas que sean necesarias para el logro de estas
metas. Pero es importante señalar que sin una voluntad firme y sincera
del Poder Ejecutivo, éste esfuerzo puede caer al vacío
Cristiano
presentada por el presidente del PRSC, ingeniero Federico Antún Batlle en
el “Foro de la Sociedad Civil por la Justicia y la Seguridad” organizado por la
Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), Participación Ciudadana,
Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES), la Asociación de
Empresas Industriales de Herrera y Provincia Santo Domingo (AEIH), Centro Bonó,
entre otras organizaciones.
participantes, Señores organizadores:
Partido Reformista Social Cristiano, la invitación para participar en este
encuentro donde se propugna por mejorar el sistema de justicia y propiciar un
clima de paz y seguridad en la República Dominicana. La población percibe
una crisis en el Poder Judicial, y más aún, fallas en el sistema de justicia
vigente en nuestro país. Y nos preguntamos: ¿Qué genera
esta apreciación en nuestros ciudadanos?
no hay crisis y que sólo se trata de una simple percepción. Creo que
están equivocados; porque ciertamente nuestros conciudadanos no se sienten
protegidos producto de la falta de credibilidad que permea algunos estamentos
del Poder Judicial, pues en muchas ocasiones, con sus decisiones, se vincula a
prácticas no santas. Esta Realidad se refleja en todas las encuestas que
periódicamente se utilizan para medir la opinión que tienen algunos sectores
sobre nuestras instituciones públicas y privadas.
sistema de justicia dominicano está cruzado transversalmente por:
jurisdicciones del Poder Judicial.
organizado en las decisiones de los tribunales ordinarios.
y la violencia intrafamiliar, producto de la connivencia, el cohecho, la
impunidad y la complicidad de los actores del sistema judicial con los
violadores de la Ley.
económicas, sociales, laborales y falta de oportunidades, provocando que
importantes sectores de nuestra población vean como único mecanismo de ascenso
social, el crimen y la delincuencia. Esta situación se multiplica y
aumenta en la medida en que los infractores perciben que pueden cometer
crímenes y delitos y no seran sancionados de manera apropiada.
deficiencias en la prevención policial frente a la delincuencia común y la
violencia.
condena efectiva de funcionarios, militares y policías, por crímenes de
peculado, cohecho y todas las modalidades de corrupción administrativa.
gubernamental que fomente la creación de empleos para la juventud, que no posee
las facilidades para la capacitación y entrenamiento adecuado y así, de esta
manera, poder integrarse a los sectores productivos.
que parte de esa problemática tiene su origen en la reforma constitucional del
2010 mediante la cual fue creado el Consejo de la Magistratura, órgano cuya
conformación está influenciada por el poder político, a lo que se le adiciona
el hecho de que, independientemente de los aspectos positivos del Código
Procesal Penal, existe en la población la convicción generalizada de que sus
disposiciones incentivan la comisión de actos delictivos que laceran a la
sociedad, y, de manera especial a muchos hogares y familias que hoy
pasan por el triple dolor : de una pérdida física;
del deterioro de las facultades de un ser querido; la falta de sanción adecuada
de los victimarios, además de la impunidad que incentiva la reincidencia
de dichos infractores de la ley.
organización política considera que la forma de resolver, este y cada uno de
estos problemas que generan la crisis del Poder Judicial y el incremento de la
inseguridad ciudadana, tiene soluciones distintas. Entre las
principales que deben implementarse están:
Nacional de la Magistratura, modificando el artículo 178 de la Constitución
para excluir al Procurador General de la República, quien no debió formar parte
de este órgano, pues su participación se hace a través del Presidente de la
República.
la Constitución de la República para que los Jueces de la Suprema Corte de
Justicia sean todos jueces de carrera con más de doce (12) años de experiencia
como jueces.
Penal.
incrementa las penas y tipifica algunos delitos, así como modificar otras leyes
adjetivas, sin violentar la Constitución y los derechos fundamentales del
ciudadano.
Código de Procedimiento Civil, a fin de ser sometido a modificación, que
desincentive la comisión de delitos y fomente los programas de reeducación y
reinserción de jóvenes en conflicto con la ley.
preventiva; la duración del proceso penal; incrementar las sanciones penales;
liberar a la víctima de la obligación de asistir a todas las etapas del proceso
penal, y eliminar los tecnicismos procesales que permiten eximir de
responsabilidad penal a los imputados.
incentivos, seguridad social, equipos y tecnologías, a los miembros de la
Policía Nacional, para una mejor y efectiva participación en su labor de
defensor de la seguridad ciudadana; así como a los miembros de las Fuerzas
Armadas y otros órganos de seguridad del Estado. Al mismo tiempo,
capacitar y entrenar técnicamente a dichos miembros de manera tal que les
permita cumplir con su rol de enfrentar la delincuencia en sus distintas
vertientes.
instituciones gubernamentales paralelas con los mismos objetivos y el excesivo
nombramiento de personas sin funciones en instituciones encargadas
de perseguir y administrar la justicia.
básicamente para jóvenes y mujeres, evitando así que caigan en el
narcotráfico, la delincuencia o la prostitución.
valores éticos y cristianos que fomente la vida y que rechace la violencia en
cualquiera de sus formas ya sea intrafamiliar o contra la mujer.
incrementar los espacios de libre esparcimiento, crear escuelas de formación
técnico profesionales, clubes culturales y demás.
PRSC apoya firmemente la formación de una coalición de fuerzas sociales para
reclamar al Gobierno diseñar e implementar planes y acciones concretas que
recuperen la credibilidad del sistema de justicia, del Poder Judicial, del
Ministerio Público, de la Policía Nacional y los demás órganos que forman parte
de este sistema en la Republica Dominicana.
representación en el Congreso Nacional, nos comprometemos a apoyar las
iniciativas legislativas que sean necesarias para el logro de estas
metas. Pero es importante señalar que sin una voluntad firme y sincera
del Poder Ejecutivo, éste esfuerzo puede caer al vacío
Cristiano
